Por supuesto que nos referimos a la noticia que tiene “conmocionada” a la comunidad moreliana: el cierre de dos “prostíbulos” en Morelia. Lo ponemos así, entrecomillado, porque el verdadero escándalo no está en el hecho en sí, sino en lo que se adivina detrás cuando nos damos cuenta de la colusión que existe entre las autoridades y algunos medios michoacanos. Unas, necesitadas de atención ante todo lo que no pueden resolver y los otros de dinero fácil y a costa de sacrificar los valores más profundos del periodismo. No es una acusación directa, pues el beneficio de la duda los ampara, a diferencia de lo que pregonan de otros individuos, pero tras un sencillo análisis es fácil notar algo más allá de lo evidente.
– Casi todos los medios que publicaron la nota referente a los “prostíbulos”, salvo algunas variantes de redacción y fotografías utilizaron la mismísima información de un boletín. Obvio, es el mismo hecho, pero si la “denuncia ciudadana” genera una reacción tan fuerte de las autoridades, el deber de quienes ejercen el periodismo con vocación y compromiso es investigar de inmediato y brindar todas las aristas del hecho. No se sabe nada más que las declaraciones de las autoridades.
– Hasta este momento sólo ha habido declaraciones por parte del ayuntamiento de Morelia y de las cuales, Maricruz Ontiveros Aguilar, titular de la Dirección de Inspección y Vigilancia del mismo desde enero pasado, denota una actitud que va más allá de su rango de servidora pública expresándose con sorna y más como fiscal asumiendo culpabilidad sin expresar las pruebas -recordemos que en México por tradición se asume la culpabilidad antes que la inocencia, pero ante las recientes reformas de justicia, este personaje debería actuar a la inversa-, mientras que el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, simplemente “se cuelga el milagrito” y le “echa la bolita” a las “autoridades correspondientes”
– De tal suerte, si ni los medios ni las autoridades han brindado pruebas fehacientes de lo que vociferan y tampoco se les ha dado oportunidad a quienes fueron aprehendidos de expresar su parte -lo cual implica también responsabilidad de medios y autoridades-, no hay elementos informativos que sustenten las “notas”.
En la comunidad LGBTI de Michoacán, los supuestos “prostíbulos” clausurados son lugares de encuentro, como los hay para heterosexuales en los ambientes de swingers y que existen a lo largo y ancho del país. Ambos lugares trabajaban de manera abierta hacia la comunidad gay y nunca se supo de prostitución al interior, aunque nunca debió faltar quien lo pretendió, estos lugares son favorecidos porque se paga el acceso, pero no el sexo, que ocurre de forma voluntaria y consensuada. La “trata de personas” es una simple y burda exageración y la condena al sexo entre “sexagenarios” otra falta de amplitud de criterio y respeto a los individuos.
Si los locales no cumplían con las normas y licencias del ayuntamiento, hubo más de seis meses por parte de la mencionada directora de vigilancia -desde que accedió a su puesto- para solicitar la regularización de los permisos de acuerdo al giro correspondiente, que sabemos ni siquiera está contemplado, entonces es una grave falla de su gestión y carencia total de un criterio abierto y tolerante que corresponde a -repetimos- una servidora pública. Estos factores hacen del suceso un teatro innecesario y un acto de mala fe donde en el medio quedaron todos aquellos que se encontraban al interior y fueron acusados falsa y públicamente, agredidos en su calidad moral y en su libertad ciudadana y sexual en algo que se adivina más como una cacería de brujas que como un acto de justicia.
Si había menores de edad al interior, de acuerdo con las sanciones y será difícil comprobarlo entre las intenciones de la autoridad, la clara inobjetividad de muchos medios y el silencio de los involucrados ya sea por miedo, vergüenza o presión.
Estaremos atentos a lo que que ocurra. En GayMorelia no estamos contra la ley ni solapamos la ilegalidad. Hacemos un llamado al respeto de la libertad, la sexualidad, la tolerancia y al ejercicio de un periodismo sano, profesional, fundamentado en la objetividad y en los valores de la información. Sabiendo sobre todo que la homosexualidad existe hacia el interior de los medios y de los gobiernos. No actuemos injustamente contra nosotros mismos.
* Por si no sabes lo que es el cochupo: A fines de abril de 2016, el Congreso aprobó la Ley Federal Anticorrupción. Esta nueva norma reconoce que para realizar un soborno se requiere al menos de dos participantes: un funcionario y un particular. La nueva ley asume que la corrupción no es un problema exclusivo de la autoridad, sino una patología compartida por los ciudadanos.
Discrecionalidad + opacidad = Corrupción. Esta definición aritmética establece que, además de dos participantes, un acto de cochupo también requiere de un contexto de turbia arbitrariedad. El funcionario público tiene margen de maniobra para administrar los tiempos y costos que tiene un particular en una transacción con el gobierno. El ciudadano hace un análisis sobre las ventajas y riesgos que conlleva el acto indebido.
Para saber más: imco.org.mx